jueves, 29 de septiembre de 2016

Colombia, la ONU y el caso de Glivec


Tatiana Andia,

El Espectador, 28  de septiembre de 2016

Tatiana Andia 

 

La ONU destacó a Colombia como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes.

Colombia vuelve a ser protagonista en el drama global sobre el acceso a medicamentos. El pasado 14 de septiembre el Panel de Alto Nivel convocado por el Secretario General de las Naciones Unidas (ONU) sobre Acceso a los Medicamentos emitió su informe final sobre innovación y acceso a medicamentos. Gracias al ya afamado caso del Glivec (imatinib) de Novartis, Colombia  es destacada en el informe como un país que ha retado, justificadamente y con base en razones de interés público, el sistema de innovación farmacéutica basado en la protección de patentes. El informe además condena las amenazas de retaliación que Colombia recibió de países desarrollados por intentar romper la patente de Glivec.

El informe del Panel de la ONU sacó callo y fue vehementemente criticado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y por la industria farmacéutica internacional (IFPMA), quienes lo consideraron sesgado y “fundamentalmente errado”. Esto no debe sorprendernos, ya que para las compañías farmacéuticas la protección de sus patentes constituye una causa tan justa como la defensa de los derechos fundamentales de los individuos. Para la industria farmacéutica y los gobiernos que la respaldan,  el hecho de que el informe del panel de la ONU celebre a países como Colombia y Tailandia, los cuales violan sistemáticamente los derechos de las compañías de medicamentos, es como si la Corte Penal Internacional emitiera un comunicado elogiando al régimen sirio y a Bashar al-Assad.

Pero, poniéndonos sarcásticamente por un momento en los zapatos de la industria, ¿cuáles son los derechos de las empresas de medicamentos que Colombia estaría vulnerando en el caso Glivec?

Son básicamente tres:
En primer lugar  está el derecho de la industria farmacéutica a la participación en la política pública de una nación soberana. Este derecho fue vulnerado el mismo día en que se hizo público el informe de la ONU, cuando el Ministro de Salud Alejandro Gaviria anunció que la declaratoria de interés público para el Glivec se mantenía en firme. En respuesta Novartis emitió un comunicado de prensa en el que “rechaza categóricamente la decisión… ya que no se da en el marco de una crisis de salud pública generada por Glivec” (o al menos lo que Novartis interpreta como una crisis de salud pública).

En segundo lugar está el derecho de la industria a la libre determinación del precio. Este derecho fue vulnerado la semana pasada, cuando la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos sometió a consulta pública una resolución que contenía la metodología para regular el precio del Glivec y reducirlo en más de un 40%. Ante tal afrenta AFIDRO no tuvo más remedio que enviar un comunicado y sendas cartas cuestionando “la imparcialidad del Minsalud en el caso Glivec”. El informe del panel de la ONU empeora la situación al sugerir que los precios de las tecnologías no respondan a los costos de investigación y desarrollo sino a las necesidades y capacidad de pago de la población.

En tercer lugar está el derecho a guardar silencio. En el caso del Glivec las negociaciones de precio que habrían evitado la declaratoria de interés público,  y que de paso les habrían ahorrado dolores de cabeza a todos los involucrados, se frustraron porque el Ministerio exigió transparencia absoluta en el proceso de negociación. El informe de la ONU, en la misma línea, hace un llamado a que la industria farmacéutica haga transparente la forma en la que define los precios de todos sus productos.

A lo mejor son muchos más los derechos de la industria farmacéutica que han sido comprometidos por el panel de la ONU y por el Ministerio de Salud colombiano. Lo cierto es que esa supesta violación a los derechos de las empresas de medicamentos es justificada. Hoy los colombianos contamos con una declaratoria de interés público para el Glivec, la cual es el resultado de un proceso largo, arduo y transparente. Pronto tendremos un precio más justo para este importante medicamento, el cual favorecerá tanto a los pacientes con cáncer como a las finanzas del sistema de salud. Se trata de medidas que promueven el interés general y la salud pública pero que, aunque parezca descabellado, han sido interpretadas por la industria farmacéutica como violaciones a sus derechos fundamentales.


martes, 27 de septiembre de 2016

Médicos del Mundo, contra el escandaloso precio de los medicamentos

Cristina Lucio, El Mundo,

 

Detalle de uno de los carteles de la campaña. MÉDICOS DEL MUNDO

  • La ONG lanza una campaña para denunciar los precios ‘exorbitados’ de los fármacos
  • Anima a la ciudadanía a presionar para que el sistema de fijación de precios cambie
 
Denunciar “los precios exorbitantes” de ciertos medicamentos que llegan al mercado y animar a la ciudadanía a presionar a las autoridades para que el sistema de fijación de precios farmacéuticos cambie. Ese es el objetivo de la campaña que Médicos del Mundo ha lanzado simultáneamente este martes en España y otros países europeos, como Alemania o Bélgica.
La ONG advierte de que el “constante aumento del precio de los medicamentos que salvan vidas” pone en riesgo que, a largo plazo, “la cobertura médica pública no pueda seguir sosteniendo el reembolso” de tratamientos para enfermedades graves.
“Los laboratorios establecen sus precios en función de lo que los estados puedan pagar”, explica Ave María Aburto, portavoz de la organización médica, quien añade que “un ejemplo reciente lo vimos con los tratamientos para la hepatitis C. La combinación de sofosbuvir y simeprevir cuesta unos 40.000 euros en Francia, pero la misma medicación ronda los 13.000 euros en España y tiene un precio más bajo en otros países”.
Lo mismo ocurre con otras terapias, sobre todo con anticancerígenos, que pueden alcanzar los 100.000 euros anuales por paciente, como en el caso de Keytruda, aprobado para el melanoma o Glivec, que se utiliza para tratar la leucemia y cuesta unos 30.000 euros al año en España.
La campaña, denominada ‘El precio de la vida’, se ha lanzado junto a unos carteles “deliberadamente provocadores” con mensajes como: “Qué es exactamente un melanoma? 4.000 millones de euros en volumen de negocios”; “Junto al sector inmobiliario y al petrolero, ¿cuál es uno de los mercados más rentables? La enfermedad”; “con mil millones de euros de beneficio, se vive muy bien de la hepatitis C” o “Salud, ¿quién debe dictar la ley, el mercado o el estado?”.
Opacidad

Las farmacéuticas “aducen que los precios elevados se deben a su inversión en investigación y desarrollo, pero hay evidencias de que esto no es real, pese a la falta de transparencia que rodea a todo el proceso”, añade Aburto.
La ONG denuncia que la fijación de precios de fármacos se basa en un “círculo vicioso perfecto”. La mayoría de las moléculas se desarrollan en laboratorios de universidades e instituciones públicas, indica. Acto seguido, la industria compra los productos más prometedores y desarrolla la innovación hasta que, en última instancia, los sistemas sanitarios, con fondos públicos, vuelven a comprar “por precios a menudo abusivos” el medicamento. Y toda la negociación es opaca, “no se hacen públicos los datos de producción ni las condiciones fijadas”, señala la portavoz.
“Además, por si esto fuera poco, las compañías se benefician también de deducciones fiscales por promover la investigación”, denuncia la ONG.
“No podemos permitir que los laboratorios calculen el precio de la vida en función de criterios de rentabilidad”, señala Aburto, quien resume las principales peticiones de la campaña: En primer lugar, es fundamental que el estado intervenga utilizando todas sus herramientas jurídicas y políticas para que se bajen los precios de los medicamentos y se proteja el interés de la población española. Además, también es clave conseguir que sean transparentes los gastos reales de investigación y desarrollo y, por último, promover un modelo alternativo al de las patentes pasa sostener la investigación, asegura.
A través de una página web (‘www.thecostoflife.es’), Médicos del Mundo anima a la ciudadanía a que, a través de su firma, presione a las autoridades para que utilicen todos los medios a su alcance para reducir los precios de los medicamentos que salvan vidas.
“Existen herramientas para oponerse al sistema de patentes, que no permite distribuir ningún genérico de una innovación a bajo precio en 20 años. Una de ellas es la licencia obligatoria, que abre el mercado a la competencia y permite que los precios bajen. ESto puede utilizarse cuando existen motivos de interés público, como una urgencia de salud pública, pero la realidad es que el gobierno no hace uso de estas herramientas”, comenta Aburto.
“Es el momento de abrir un debate, de actuar y de cambiar el sistema. Hay muchas expectativas de próximas llegadas al mercado de fármacos innovadores y, si continuamos así, corre riesgo el sistema público de financiación”, concluye.

Original en http://www.elmundo.es/salud/2016/09/27/57ea5e5ce5fdea495a8b4574.html

lunes, 26 de septiembre de 2016

Laboratorios argentinos y extranjeros pelean por un mercado de US$ 4.800 millones

Télam, 26 de septiembre de 2016

La decisión del gobierno nacional de agilizar los trámites para otorgar patentes químico farmacéuticas generó la reacción de los laboratorios de capitales argentinos, que alertaron que tal medida favorece que los productores extranjeros se queden con el negocio de comercialización de medicamentos que mueve US$ 4.800 millones al año.



“Esta medida favorece a los monopolios extranjeros y provocará un aumento de los precios de los medicamentos, con el consiguiente impacto sobre los presupuestos familiares y de los sistemas de salud públicos y privados”, explicó a Télam Eduardo Franciosi, el director ejecutivo de Centro Industrial de Laboratorios Farmacéuticos de Argentina (Cilfa), que nuclea a las compañías de origen nacional.

La resolución 56/2016 del INPI, con fecha del 12 de setiembre último, faculta a la Administración Nacional de Patentes a dar por cumplidos los requisitos exigidos por el Artículo 4 de la ley 24.481, y por cumplida la búsqueda internacional respecto de las solicitudes, cuando se acredite que ha sido concedida en el extranjero por la oficina de origen o por otras oficinas, siempre que las legislaciones que rijan realicen examen de fondo y estén sujetas a los mismos estándares de aplicación que los aplicados por la Argentina.

Sin embargo, Franciosi indicó que esta medida “es una forma indirecta de dejar sin efecto las Pautas para el Examen de Patentabilidad de las Solicitudes de Patentes de Invenciones Químico-Farmacéuticas, establecidas para prevenir los efectos nocivos de la práctica del evergreening”.

En ese sentido, explicó que “el evergreening son las estrategias de empresas farmacéuticas multinacionales para obtener patentes para cambios triviales o sin importancia terapéutica de medicamentos ya existentes, con el propósito de extender la vida de la patente original”.

“Así, una misma invención que en teoría puede tener un máximo de 20 años de protección, por la estrategia del evergreening puede llegar a tener un monopolio de 40 o más años”, aseguró el ejecutivo del Cilfa.

Ante la consulta de Télam, desde el INPI y el Ministerio de Producción explicaron que por el momento no van a responder a la denuncia de los laboratorios nacionales, lo mismo que tampoco hubo una declaración de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que aglutina a las grandes multinacionales extranjeras, al requerimiento de esta agencia.

Los últimos números referidos a la industria farmacéutica en Argentina, proporcionados por los propios laboratorios, dan cuenta que entre el último trimestre de 2014 y el tercer trimestre del 2015 la facturación del sector, sin contabilizar el IVA, fue de $42.887 millones, que medidos en la cotización promedio del dólar en ese periodo da US$ 4.765 millones.
De este total, el 74,45%, $ 31.933 millones, correspondieron a productos fabricados en el país, tanto por laboratorios nacionales como extranjeros, y el resto fueron importados.

Además del Cilfa y Came, el sector se completa con la Cooperativa de Laboratorios Argentinos (Cooperala) y la Cámara Argentina de Medicamentos Genéricos (Capgen).

De acuerdo con un trabajo del Ministerio de Economía de junio de 2015 sobre el complejo farmacéutico, en la Argentina funcionan unos 250 laboratorios, pero los primeros 20 en facturación representan alrededor del 80% de las ventas totales.
Cuatro distribuidoras de medicamentos, controladas por laboratorios, concentran el 79% de las ventas.

Ellas son Rofina (de Roemmers Roemmers), Disprofarma Disprofarma (Bagó), Farmanet (Gador, Casasco, Bayer, Novartis y Boehringer Ingelheim) y Global Farm (laboratorios estadounidenses).

Según un informe de la consultora IMS Health, el 77% del mercado minorista se canaliza a través de las distribuidoras; y las droguerías, por su parte, entregan medicamentos a las farmacias y a las instituciones de salud.

Existen 445 droguerías registradas, de las cuales cuatro concentran cerca del 70% del mercado: Droguería del Sud, Droguería Monroe Americana (Grupo Gomer), Droguería Suizo Argentina y Droguería Barracas.

“Las pautas argentinas establecieron criterios rigurosos para el examen de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial”, explicó Franciosi, quien indicó que “la aplicación de estos criterios de patentabilidad tuvo efectos muy positivos para la salud pública, los consumidores y la competencia en el mercado farmacéutico en el período transcurrido entre mayo del 2012 y setiembre de 2015”.

El ejecutivo de Cilfa precisó que en ese periodo “se concedieron 159 patentes farmacéuticas, lo que significó una reducción del orden del 75% anual respecto a las otorgadas hasta el dictado de las pautas”, y añadió que “se denegaron aproximadamente 489 solicitudes”.

“De estas 489 patentes denegadas, sólo 22 casos fueron judicializados a fin de que se revocara la decisión denegatoria”, concluyó. 
 
 
original  http://www.telam.com.ar/notas/201609/164537-gobierno-nacional-laboratorios-patentes-quimico-farmaceuticas.html

domingo, 25 de septiembre de 2016

Argentina. El zorro en el gallinero: Oficina de marcas y patentes en manos de abogados de empresas multinacionales

zorro
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La empresa PAGBAM PI es una firma que provee una amplia gama de servicios relacionados con la protección y el cumplimiento de todos los derechos de Propiedad Intelectual, desde las áreas más tradicionales, como patentes, marcas, derechos de autor, secretos industriales y comerciales, diseños industriales y variedades vegetales, hasta las manifestaciones más recientes, como los nombres de dominio, Internet y derechos de privacidad. Asimismo, contamos con experiencia en derechos de publicidad y marketing.
El grupo de Propiedad Intelectual cuenta con un equipo multidisciplinario capaz de asistir a nuestros clientes en casos complejos. Abogados, ingenieros, químicos, asistentes legales y personal administrativo trabajan en conjunto para brindar una óptima calidad de servicios legales y una solución personalizada a cada cliente. A través de nuestra red de corresponsales prestamos servicios relacionados con la Propiedad Intelectual en todos los países de América Latina. Nuestra organización nos permite además administrar una cartera local o regional de patentes, marcas y derechos de autor de compañías multinacionales. Estamos convencidos de que abordar las necesidades de nuestros clientes desde un enfoque proactivo redunda en beneficio de estos. Por ello dedicamos una parte importante de nuestra práctica al asesoramiento legal a fin de encontrar la mejor manera de proteger los activos intangibles. La experiencia nos ha demostrado que en la mayoría de los casos un asesoramiento legal oportuno evita un litigio innecesario. Pese a ello, en caso de que surgiera la necesidad de litigar, contamos con un equipo completo y multidisciplinario de abogados, químicos e ingenieros que goza de una fuerte reputación en los Tribunales Federales. Ellos se encuentran preparados para enfrentar cualquier disputa referida a los derechos de Propiedad Intelectual“.
Esta presentación corresponde al estudio jurídico PAGBAM, siglas de Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h). PAGBAM PI se fundó originalmente en 1995 cuando los doctores Fernando Alonso y Dámaso Pardo decidieron establecer su propio estudio. La práctica se inició con el nombre de Alonso, Pardo & Asociados.
En el año 2001, Alonso, Pardo & Asociados y el estudio de práctica general y corporativa Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) decidieron “combinar sus prácticas y establecer una alianza estratégica”, afirman los socios.
Antes de asumir el pasado mes de junio en el cargo de Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), Dámaso Pardo debió suspender su matrícula de agente de la propiedad industrial ante el INPI, como así también renunciar a la participación societaria que mantenía en la firma PAGBAM: como se aprecia, la incompatibilidad es manifiesta.
Su socio, José Alfredo Martínez de Hoz (hijo) fue quien realizó lobby ante el gobierno para lograr ubicarlo al frente del INPI controlando, ya no desde afuera, sino ahora desde adentro, todos los procesos de resoluciones de marcas y patentes en el país. En Argentina alrededor del 50% de las solicitudes de marcas y el 90% de las patentes pertenecen a empresas extranjeras. Se sabe que este estudio de abogados fue además socio aportante de la campaña presidencial de Mauricio Macri.
PAGBAM no solamente se ha dedicado a la propiedad industrial, sino también a defender los intereses de las empresas transnacionales contra el Estado argentino ante el CIADI y demas tribunales internacionales. El presidente del INPI trabajó antes como abogado de empresas sobre las que ahora debe decidir otorgar derechos exclusivos de explotación por 20 años.
El socio en PAGBAM especialista en marcas y docente en la Universidad del Opus Dei (Univ.Austral), Dámaso Pardo,  es el encargados de garantizar los nuevos negocios que se van a generar a partir de la concesión de patentes biotecnológicas y farmacéuticas en Argentina.
Confirmando esto, Pardo emitió una resolución administrativa publicada en el boletín oficial a la medida de las empresas extranjeras en la Argentina que impacta directamente en  los intereses económicos de los laboratorios farmacéuticos nacionales quienes ocupan un 50 % del mercado de los medicamentos en el país.
Esta resolución ha sido duramente fustigada por las cámaras farmacéuticas locales, quienes ven a esta decisión inconstitucional y violatoria de varias leyes nacionales. Esta resolución permite que oficinas de patentes de otros países decidan sobre el patentamiento en nuestro país, pues mediante una simple instrucción se faculta a los examinadores de patentes argentinos a dar por válidos los resultados de patentabilidad resueltos por examinadores de EEUU, Unión Europea o Japón, quienes poseen más del 90% de las patentes del Mundo.
Con esta resolución la oficina de patentes de Argentina se convierte en un simple registro que permitirá sin embargo otorgar un monopolio para cada uno de los productos que presenten las empresas extranjeras concentrando aún más la economía en manos de las empresas y aumentando las ganancias del sector farmacéutico transnacional en el mercado argentino.
Pardo y su banda están consumando una gran maniobra jurídica y económica para lograr que sus habituales clientes se hagan de un botin de millones de dólares al conceder patentes a estas empresas, ahora desde adentro del INPI, obligando a su empleados a cumplir con la Resolución 56 /2106.
Los examinadores de patentes argentinos deberán aprobar los informes de búsqueda internacional y exmen de patente realizados por oficinas extranjeras que contemplan,por ejemplo, los segundos usos farmacéuticos, las variedades vegetales o las patentes de software.
Esta resolución administrativa  “fast track”, transfiere la decisión soberana de conceder o denegar patentes a organismos extranjeros o supranacionales. Dámaso Pardo y el gobierno de Macri, como agentes personeros estadounidenses en Argentina, pretender modificar la ley de patentes nacional, invocando convenios con otras oficinas pasando por alto al Congreso Nacional y usurpando sus funciones.
El zorro Pardo fue colocado en el gallinero (INPI) para desplumar a las empresas farmacéuticas nacionales, la sociedad argentina y apoderarse definitivamente del mercado de medicamentos local.

original en 
http://observadorpatentesur.blogspot.com.ar/2016/09/el-zorro-en-el-gallinero-oficina-de.html

Transnacionales avanzan hacia una “Patente Regional” para acelerar sus monopolio

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Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay se han unido bajo la tuetela de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y prosiguen con las directivas para  avanzar hacia una Patente Regional.
 
En la ciudad colombiana de Santa Marta, se reunieron los representantes de las Oficinas de Propiedad Industrial de estos países  y en el marco del Sistema de Cooperación en Propiedad Industrial PROSUR-PROSUL, se realizó una declaración conjunta que inició el Programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH).
 
El Programa acelera el procedimiento de examen de patentabilidad de las Oficinas y reduce costos asociados al mismo evitando dobles esfuerzos de búsquedas y exámenes de patentes en paralelo, acelerando tiempos de tramitación”, aseguran sus promotores.
Según el anuncio, otra de las innovaciones de este acuerdo será la posibilidad de usar el producto del trabajo internacional PCT que elabore el INPI de Brasil y el INAPI de Chile, como oficinas ISA/IPEA, para beneficiarse del examen acelerado de patente en un país del PROSUR.
Expertos en propiedad intelectual consideran que mediante este procedimiento, las oficinas de cada país darán por válidas las patentes que se concedan en otro país y que ingrese desde las principales economías del mundo, creando un peligroso dispositivo de concesión masiva de patentes extranjeras que bloquearían nuevas tecnologías mediante la saturación de presentaciones de solicitudes de empresas transnacionales.
Los integrantes del PROSUR, una iniciativa tutela por la OMPI, supone según sus miembros facilitar y unificar varios procedimientos para patentar invenciones en la región, que en su mayor porcentaje corresponde a empresas de Estados Unidosy Unión Europea junto a Japón y Canadá.
Las oficinas aseguran que la implementación del acuerdo se hará conforme a las guías preparadas por parte de las Oficinas de Propiedad Industrial que establecen los requisitos, condiciones y procedimientos para participar en el Programa Piloto PPH, el cual estará a prueba por un periodo de tres años.
Bajo el argumento de promover la innovación se oculta el verdadero motivo de este acuerdo regional: otorgar monopolios de patentes por más de 20 años a empresas farmacéuticas y semilleras.
Las guías que le dan operatividad a este programa Piloto de Procedimiento Acelerado de Patentes (PPH) estarán disponibles en las Oficinas de Propiedad Industrial respectivas, junto con los instrumentos necesarios para su utilización.
 
original

sábado, 24 de septiembre de 2016

La ONU recomienda saltarse las patentes de algunos fármacos cuando hay necesidad ciudadana

Pablo Trillo / Irene Bernal, eldiario.es 24 deseptiembre de 2016 

Un Panel de expertos de Naciones Unidas destaca la necesidad de que los gobiernos adopten una legislación nacional para saltarse las patentes de algunos fármacos cuando se convierta en una necesidad ciudadana
Las conclusiones, conocidas recientemente, ofrecen propuestas para cambiar un sistema de I+D farmacéutico que solo beneficia a la industria

 

El gasto farmacéutico desciende casi un 2% en julio, hasta los 11,1 millones
Imagen de archivo. Efe
Nunca antes en la historia de la humanidad el conocimiento científico y tecnológico nos había permitido tratar enfermedades como es posible hacerlo a día de hoy. Las causas de muchísimas enfermedades han sido identificadas ya. La lucha contra los virus, bacterias y parásitos ha mejorado exponencialmente. Y vivimos en una época en la que el desarrollo de medicinas, vacunas y métodos de diagnósticos permiten tratar o prevenir enfermedades que hace apenas años eran fatales.
Pese a todo, millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a medicamentos y a servicios médicos básicos. En muchos casos, los fármacos, vacunas o diagnósticos no han sido desarrollados o mejorados por ser relativos a enfermedades asociadas a la pobreza y por carecer de un margen importante de beneficio, afectando claramente a numerosas comunidades en países de rentas medias y bajas que soportan la mayor prevalencia de estas enfermedades.
Esta amenaza, hasta ahora ajena en muchos lugares del mundo, comienza a ser parte de la realidad de muchos países desarrollados, que corren el riesgo de ver fracturada la sostenibilidad de sus sistemas de salud por los altos precios de nuevos fármacos, dando lugar a Estados de bienestar incapaces de asumir el gasto para toda la población que los necesita.
Si a esto le sumamos la llegada de nuevas amenazas en forma de enfermedades o de enfermedades resistente a los fármacos, el panorama que nos encontramos es tan incoherente como desolador.

Un panel de expertos sobre acceso a medicamentos

La Secretaría General de las Naciones Unidas convocó el pasado noviembre un Panel de Alto Nivel sobre innovación y acceso a tecnologías de la salud para encontrar soluciones a esta incoherencia existente entre el derecho a la salud y las normas de comercio y propiedad intelectual, con la intención de poner el acceso a medicamentos en el centro de la reforma pública nacional e internacional.
Entre diciembre y febrero, el Panel (formado por un grupo de 16 personas de diferentes ámbitos expertos en temas de comercio, salud pública y derechos humanos) fue recibiendo propuestas desde diferentes organizaciones de la sociedad civil, grupos de pacientes, centros de estudios, gobiernos e industria farmacéutica: hasta 182 propuestas llegaron a sus manos.
La alta participación y la variedad y calidad de las aportaciones de cada sector enriquecía el debate y auguraban un análisis complejo y minucioso del grupo de expertos. Un análisis que se ha hecho esperar demasiado pero que, finalmente, vio la luz recientemente pasada a través de un informe de 70 páginas que ofrece recomendaciones y propuestas para cambiar un sistema de I+D farmacéutico que se ha demostrado fallido, que solo beneficia a la industria, y que deja a millones de personas de todo el planeta desatendidas.
En el informe, los expertos profundizan en los siguientes aspectos: la propiedad intelectual; la inversión en tecnologías sanitarias; el modelo de innovación en sí mismo y la necesidad de revisarlo; la transparencia en el proceso de investigación, en los ensayos clínicos y en distribución y comercialización; e impulsar nuevos modelos colaborativos y abiertos.

Propiedad Intelectual

El Panel , en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Declaración de Doha y los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Además, siguiendo el artículo 27 de este acuerdo sobre los ADPIC, expone la necesidad de aplicar definiciones rigurosas de lo que es una invención y su patentabilidad, con el objetivo de limitar el “evergreening” o reverdecimiento, una práctica habitual de la industria farmacéutica con la que, a través de variaciones mínimas en la formulación de medicamentos ya patentados, consiguen nuevas patentes que les permiten mantener el monopolio sobre éstos.

Transparencia y ‘Open Access’

Según el Panel, los gobiernos deben exigir a los fabricantes y distribuidores de tecnologías de la salud total transparencia en todo el proceso de fijación de precios. Es decir, que se conozcan las cifras de los costes de investigación y desarrollo, de la producción, de la comercialización y de la distribución del medicamento, incluyendo marketing (las empresas suelen añadir los costes de marketing a los de I+D para legitimar los altos precios) y otras subcategorías.
El panel recomienda además transparencia para cualquier financiación pública recibida por los fabricantes en el desarrollo del medicamento, incluidos los créditos fiscales, subsidios y subvenciones. Los gobiernos, sugiere también el informe, deben requerir que el conocimiento generado con inversión pública se comparta a través de modelos abiertos y colaborativos, y que las publicaciones fruto de dichas investigaciones se encuentren disponible para ser cotejadas por terceros.

Financiación y coordinación internacional

El informe destaca la necesidad de una mayor financiación de la I+D en salud pública y de impulsar modelos alternativos de innovación, más eficaces que el actual. Los expertos sugieren que parta de la financiación necesaria para el desarrollo de investigaciones olvidadas pueda venir con la puesta en marcha de mecanismos innovadores de financiación como, por ejemplo, los Impuestos sobre Transacciones Financieras (ITF) que negocian desde 2011 algunos países europeos.
Los expertos recuerdan la necesidad de seguir el debate iniciado en el seno de la Organización Mundial de la Salud, con el objetivo de negociar acuerdos globales sobre la coordinación, la financiación y el desarrollo de nuevas tecnologías en salud. Esto incluye las negociaciones sobre un acuerdo global de I+D vinculante y el impulso del conocido delinkage: es decir, desvincular los costes de investigación de los precios finales de las medicinas.
Un problema real
Las recomendaciones del Panel de Expertos identifican un problema real que ya no puede ser ignorado ni por el sector público ni por el privado. Los precios de los medicamentos incrementan a una velocidad imposible de asimilar por ningún Estado: mucho menos por sus ciudadanos. Precios secretos y establecidos de manera arbitraria por empresas que anteponen el lucro a la salud pública. Precios que disparan el gasto farmacéutico. Precios que, peor aún, coartan este gasto farmacéutico a costa de racionar tratamientos y terapias que llegan solo a unos pocos, o de frenar autorizaciones de nuevos medicamentos con valor terapéutico añadido.
Las recomendaciones del Panel de Expertos deben ser una guía internacional y nacional para darle coherencia a un sistema tan ineficaz como insostenible. En los próximos meses seremos capaces de ver si sirven de algo; si calan. Es cierto que muchas iniciativas solo prosperaran si el compromiso internacional se asume. No obstante, otras recomendaciones que tienen que ver con el dinero público invertido en I+D, proponen establecer condicionalidades que los Estados pueden asumir desde ahora mismo. El sector privado debe entender que la transparencia es la misma para todos los sectores industriales y que es por ello exigible. No podemos olvidar que el Estado es el principal cliente, y que el dinero con el que se pagan los medicamentos es de los ciudadanos.
Necesitamos un nuevo modelo de I+D en salud que responda a las necesidades de la población y de su salud, y no solo a los intereses financieros de las grandes compañías farmacéuticas. Desde organizaciones como Salud por Derecho, y a través de campañas como No Es Sano, llevamos muchos años denunciando este problema que nos afecta a todos y que pone en riesgo la vida de millones de personas alrededor del planeta cada día.

Laboratorios nacionales vs. extranjeros

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Una resolución oficial favorece a laboratorios extranjeros. Los locales van a ir a la Justicia para frenar su aplicación.

Los laboratorios locales irán a la Justicia para frenar la aplicación de una resolución dictada por el Gobierno ya que consideran que esa norma flexibiliza el otorgamiento de patentes para la venta de medicamentos en el mercado local y traslada esa responsabilidad a organismos de terceros países. Además de la supuesta contradicción con la legislación local que volvería a la norma inconstitucional, la industria farmacéutica advierte que la política oficial “favorece el avance en nuestro país de los monopolios extranjeros, se traducirá en un aumento de los precios de los medicamentos y tendrá un impacto negativo sobre inversiones y el empleo de la industria nacional”.
Según el Ministerio de Producción, la norma no vulnera facultades del Estado nacional, que conservaría la última palabra en materia de emisión de patentes, rubro tradicionalmente sujeto a fuerte lobby empresarial.
El 12 de septiembre, el Gobierno publicó la resolución 56 del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI) que establece que se podrán considerar cumplidos los requisitos de patentabilidad y otorgar una patente si una oficina extranjera concedió una patente equivalente, sin necesidad de que la oficina argentina haga su propio análisis de patentabilidad. “La nueva resolución permite la extranjerización de las decisiones sobre concesión de patentes”, resumieron las empresas.
“La política de Estado argentina en materia de patentes durante los últimos 20 años se expresa en 6 leyes que establecen procedimientos para que se respete el equilibrio sobre todo en áreas sensibles como salud, alimentación y medio ambiente. Sin embargo, la resolución 56 permite al INPI evitar el examen de patentabilidad vigente en nuestro país, apoyándose únicamente en las decisiones tomadas por oficinas de patentamiento extranjeras”, aseguran desde la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa). “Se facilita desmedidamente el patentamiento, eliminando exigencias de prueba relevante y salteando etapas del proceso de evaluación”, agregan. La lectura de los empresarios locales es que la norma da ventajas a las multinacionales para que renueven sus patentes y así conserven nichos de rentabilidad en perjuicio de los laboratorios nacionales.
El INPI está presidido por Dámaso Pardo, funcionario designado por el macrismo a mediados de año. Pardo es un abogado de larga trayectoria en el campo de la propiedad intelectual litigando para las empresas y fue, hasta su asunción, socio del estudio Pérez Alati, Grondona, Benítez Artnsen y Martínez de Hoz, éste último hijo del ministro de Economía de la última dictadura militar. El INPI es un nicho tradicional de lobby empresario. En la última gestión la pelota estuvo del lado de los laboratorios nacionales, que se vieron favorecidos por la restrictiva política de patentamientos. Ahora la situación sería inversa.
Los laboratorios van a ir a la Justicia contra la resolución 56. Los abogados de las empresas advierten que la norma “es inconstitucional porque es incompatible con la ley de patentes que obliga al INPI a examinar detalladamente cada solicitud de patente. Dicha exigencia es directamente incumplida ya que el INPI puede apoyarse en la decisión de oficinas extranjeras para conceder las patentes sin examen de fondo local. Además, viola el principio de independencia de las patentes de cada país establecido los convenios internacionales”.
El Gobierno asegura que la norma no vulnera facultades del INPI, que mantendría la última palabra a la hora de otorgar una nueva patente. “El INPI luego del exhaustivo proceso de análisis, podrá otorgar o denegar la patente de acuerdo a los criterios de novedad, altura inventiva y aplicación industrial tal como lo establece la normativa”, es el argumento oficial. Del otro lado, el poderoso sector local de laboratorios plantea que “el Gobierno busca transformar al INPI en un sello, en una mesa de entradas receptora de solicitudes de patentes extranjeras, que deberá concederlas con la mayor celeridad posible, vulnerando las funciones de resguardo del dominio público nacional que debe cumplir”.

original en http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-310165-2016-09-24.html